Niños en el negocio del sexo

Aún no han alcanzado la mayoría de edad pero ya conocen en primera persona los entresijos del negocio del sexo. Deambulan por las calles de madrugada y venden su cuerpo al mejor postor. Por la mañana no acudirán a la escuela. Nadie les espera en casa.
La corrupción de menores no es un fenómeno exclusivo de países del tercer mundo y en vías de desarrollo. Según la Asociación Ámbar-CPI, especializada en la lucha contra esta lacra, cerca de 20.000 niños se prostituyen actualmente en España.
La mayoría procede de países del Este, África y Latinoamérica. Son inmigrantes ilegales, captados por mafias de proxenetas. Pero también hay españoles entre ellos.
"Normalmente provienen de familias desestructuradas y buscan dinero fácil", explica el presidente de esta ONG. Iván Gilberto Ruiz sabe de lo que habla. En 2008, la organización que dirige rescató en Valencia a 24 niños entre los 16 y los 10 años.
Desde que estalló la crisis, la situación no ha hecho más que empeorar. "Se ha notado un aumento", asegura Iván, que lo atribuye, en parte, al consumismo imperante entre los adolescentes: "Quieren tener para ser, pero a veces no llega el dinero".
Localizarlos, en cualquier caso, no es una tarea sencilla. Doce voluntarios integran las unidades móviles con la misión de rastrear la calle. "Repartimos preservativos en las zonas de prostitución más habituales, nos ganamos la confianza de las prostitutas", explica. Así es más fácil obtener información: delatan a sus compañeras menores.
El tratamiento, después, es complejo. Sexólogos, médicos, psicólogos y pedagógos asisten a los pequeños desde un primer momento. "El objetivo es devolverles la estabilidad emocional y su identidad personal, eliminar las posibles secuelas", expone Iván.
Los niños requieren de una terapia individualizada, por eso la organización reclama una vivienda para acogerlos: "Hasta ahora van a parar a centros de la Administración, que comparten con menores en situación de desamparo, pequeños delincuentes... y eso no ayuda".
El proyecto, cuyo coste asciende a 170.000 euros, todavía ha de esperar. No hay suficientes fondos en la caja. No en vano, la ONG sobrevive gracias a las aportaciones privadas y a las cuotas de sus socios. Ni rastro (por ahora) de subvenciones públicas.
A pesar de todo, el máximo responsable de Ámbar-CPI es optimista: "Hemos pedido un piso a la Generalitat y al Ayuntamiento. Si lo conseguimos el coste se reducirá considerablemente".